ESTHER CLAVERO MIRA Y GABRIEL GARCÍA SÁNCHEZ
Ya lo hemos dicho en alguna ocasión: hay que llegar a un Gran Pacto de Estado en el que se aprueben unas leyes educativas, que sean capaces de mantenerse en el tiempo, hasta que la praxis nos indique qué es lo que está fallando para que se modifique; pero lo que no se puede hacer es estar de cambios integrales cada cinco años, porque el profesorado, y también el alumnado, no acaban de adaptarse a la nueva planificación, siempre costosa, cuando ya les está cayendo otra nueva encima; además, la convivencia de dos planes a la vez no deja de ser un problema que dificulta la planificación docente.
Los ministros de Educación de este país se caracterizan por un hecho singular: les parece necesario que exista una ley que lleve su nombre; para ello, aprovechan la menor ocasión para modificarla, nunca piensan que con unos pocos cambios se eliminan los problemas, inmediatamente se ponen a la tarea de hacer una ley nueva.
Y en estas que nos llega Wert, el peor ministro de la democracia, 'el caballo de Atila', a 'poner orden' en la Universidad, y por supuesto quiere tener 'su ley', previamente aconsejado por su grupo de expertos; y lo primero que se le ocurre es ir contra la Constitución, en concreto su artículo 27 que consagra la autonomía universitaria, al querer llenar el único órgano de gobierno colegiado que quedaría a nivel global de políticos para que nos digan cómo tiene que gobernarse la institución.
En ningún momento se ha planteado el hecho de que si los consejos sociales de las universidades, constituidos por una exigua proporción del colectivo universitario y un número superior de representantes de la sociedad, que tienen bastantes e importantes competencias fundamentalmente en materia económica, pues son los que aprueban el presupuesto y la correspondiente liquidación del mismo, cumplieran correctamente su función, no haría falta modificar la actual ley aunque, eso sí, habría que introducir uno de 'los caprichos' del ministro, como la existencia de un rector 'presidencialista', con amplios poderes otorgados por la gracia de Dios.
La Universidad española ha experimentado en los últimos años tres cambios de planes de estudio: el de 1995, que supuso la entrada como unidad de 'medida docente' el crédito. El de 2000, que fue una 'corrección técnica' de los anteriores, aunque supuso cambios en algunos casos de calado, porque cuando se abre el melón de una reforma nunca se sabe el alcance que va a tener. Finalmente, hace cuatro años, entró en vigor el sistema europeo, conocido popularmente como Bolonia, y que ha supuesto un gran cambio al llevar todas las titulaciones a cuatro años más un año de posgrado (master), incluidas las diplomaturas. La Ley Wert pretende seguir el proceso de convergencia, pero no hacia Bolonia, sino hacia el modelo anglosajón, que en nada se parece a tradición académica europea, y llevar los grados a tres años y los posgrados a dos.
Pero todo esto en un contexto de crisis galopante ni siquiera se va a poder hacer a 'coste cero', y la experiencia nos demuestra que esta circunstancia hace casi inviable cualquier reforma, pues si encima se hace a 'coste cero recortado' entraremos en terrenos del más difícil todavía, y con la fuerte competencia de la universidad mimada por el gobierno regional, la UCAM, que cuando ya ha puesto en marcha todas las titulaciones que ha querido sigue creciendo, pero ahora con la construcción de tres centros de enseñanza no universitaria. ¿Tendremos que acabar pidiéndole préstamos al señor Mendoza para superar la agónica situación que padecen las universidades públicas?.
Al menos para nosotros hay un tema que debe resolverse, que es la dualidad centro-departamento. O se va a una estructura de centros, o por el contrario se elige la opción departamental; una de dos, pero ambas no deben convivir,. Aunque no se quiera, siempre se solaparán competencias, máxime cuando existe otra división funcional que es la de los grupos de investigación.
Una vez que se elija una de las dos, el siguiente paso debe ser la constitución de estructuras potentes, como pueden ser las Divisiones que existen en otras universidades, que de hecho suponen una descentralización de la universidad.
Pero esperemos primero los resultados del Plan Bolonia, porque lo que se haga tiene que ser meditado y pactado para no caer en la tentación de que, en cuanto nos descuidemos, ya nos esté cayendo otra reforma que nos haga perder de nuevo un tiempo precioso que debemos dedicar a nuestras labores principales: docencia, investigación y, en su caso, gestión.
Para todo ello, evidentemente, es imprescindible financiación. No olvidemos nunca que, pese a que el Gobierno del PP quiere llevar a la Universidad pública al desprestigio, ésta es una de las instituciones más valoradas por los españoles.
Abrid escuelas y se cerraran cárceles
Concepción Arenal
