Esther Clavero Mira (Profesora de Sociología de la UMU)
Gabriel García Sánchez (Catedrático de Universidad de la UMU)
Mucho se habla en nuestro país sobre la Ecología y la Economía, por separado, pero menos cuando van unidos que es, a nuestro juicio, lo más importante. La Economía, por méritos propios, está en el frontispicio de la problemática nacional; la Ecología también ocupa un espacio preferente, pero aún quedan muchos insensatos que no le han dado la importancia que tiene el cuidado y conservación del Medio Ambiente, sabiendo que si no se actúa pronto y bien, lo pagaremos muy caro, sobretodo las generaciones venideras porque sufriremos de lo lindo con el “Efecto Invernadero”, la “subida del nivel del mar”, con la “desaparición progresiva del oxígeno atmosférico”, etc.
En la legislatura 2004-2008, la primera del Presidente Rodríguez Zapatero, se produjo un impulso político significativo que se plasmó en la aprobación de varias leyes que iban en la dirección adecuada en lo referente al Medio Ambiente, entre ellas conviene destacar: 1) responsabilidad de daño ambiental; 2) acceso de la justicia en materia ambiental (el que contamina paga); 3) modificación del Plan Hidrológico Nacional, etc.
Sin embargo, a partir de 2008, con la llegada de la crisis económica, los temas ambientales quedaron en segundo lugar, pensando que se puede hacer frente a una crisis dejando de lado el Medio Ambiente: craso error. Además, la situación tiene un alcance mayor que sobrepasa nuestro país y se extiende a todo el planeta y lo económico, lo social y lo ambiental son indisolubles. El análisis económico y político se ha centrado más en ver cuánto crece el PIB, que no cómo y en qué crece.
La problemática no es únicamente española; así, con motivo de la cumbre Río+20, en junio de 2012, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki –Moon, pidió opinión al Panel de Sostenibilidad Glogal (GSP), al que pertenecía nuestra ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El informe del GSP denunciaba el fracaso total del paradigma económico, por no asumir la interdependencia: económico, social, ambiental, y emplazó al secretario general de la ONU a promover, de cara al 2015, una serie de indicadores capaces de medir el bienestar y el progreso más allá del PIB.
Hay que integrar los efectos perversos de la crisis, empezando por reconocer el trágico error que se cometió al considerar que la “burbuja in mobiliaria” podía ser el vector principal del crecimiento de la economía y el bienestar social. La gran paradoja es que España, según informes de organismos internacionales, podría ser un país que tuviera un desarrollo más sostenible. Por ejemplo, la OCDE calcula que en el 2020 podrían crease en nuestro país alrededor de un millón de empleos en “economía verde” (energías renovables, gestión del agua y de los residuos, agricultura ecológica….).
La tardía industrialización de nuestro país tuvo al menos la ventaja de que se conservó uno de los patrimonios de biodiversidad más ricos de la Unión Europea. De esta forma, en España, se han desarrollado con éxitos tecnologías limpias en energía, agua, residuos, que nos sitúan en una posición de liderazgo internacional, aunque se corre el riesgo de perderlo por las nefastas medidas adoptadas por el gobierno del PP.
Debido a sus condiciones geográficas, España es también un país muy vulnerable ante el cambio climático; por ello, requiere medidas para su disminución y prevención de riesgo, porque en caso de inacción, el coste económico puede ser muy alto; aunque los principales desafíos ambientales a los que nos enfrentamos son de tipo ético y de alcance global.
Al día de hoy, los países más pobres son también los más deteriorados por el deterioro ecológico. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc, agravan la pobreza y el hambre en el mundo. África, que sólo emite un 4% del CO2 total, sufre ya las consecuencias del cambio climático (sequías, inundaciones, etc), sin capacidad suficiente para combatir esta situación.
España tiene que asumir plenamente su responsabilidad como país desarrollado, favoreciendo la transición de los países más pobres hacia tecnologías más sostenibles que garanticen a sus ciudadanos el acceso a alimentos, agua y energía, así como la prevención y gestión de los riesgos naturales. Se hace imprescindible, consumir menos recursos (energía, agua, suelo, materias primas); realizando un mayor esfuerzo en I+D+i, así como una auténtica reforma fiscal que incentive las tecnologías más limpias y los comportamientos más responsables.
Pero por desgracia, el discurso neoliberal dominante de las “austeridades”; es decir, sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, oculta la interdependencia entre economía-ecología-social, e incluso se plantean todo tipo de recortes en políticas sociales y ambientales. No es ese el camino.
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